¿ciudadanos versus partidos?

En las últimas semanas ha sido posible advertir en el discurso de los partidos políticos, parlamentarios y analistas una evidente crítica al llamado “modelo ciudadano” que habría marcado los primeros meses de gobierno. Este modelo, advierten, sería una de las causas de la baja en la popularidad de la actual administración de Bachelet y de la crisis que se evidencia con el cambio sus ministros.
Incluso Roberto Méndez (Adimark) señaló que la teoría del modelo ciudadano ha afectado el respaldo a los partidos y a los parlamentarios, aún cuando ésta no haya funcionado. En medio de este debate la propia presidenta señaló que la frase “gobierno ciudadano” no era suya.
El Instituto Libertad argumentó que la presidenta se habría cazado en su propia trampa discursiva, en la medida que la “ciudadanía” habría ido adquiriendo un protagonismo no deseado por ella ni por los partidos de la Concertación. Es por ello que éstos últimos habrían comenzado a criticar abiertamente el “gobierno ciudadano”.
Se trata de una lectura que efectúan los partidos y las élites tradicionales y que contiene una crítica políticamente transversal, aun cuando el único cambio objetivo que instaló el gobierno de la Presidenta Bachelet, fue el de establecer una inicial y sutil distancia con los políticos tradicionales. Pero pareciera que ahora éstos han puesto un límite concreto, a partir de una defensa corporativa de la clase política.
El protagonismo ciudadano incomodaría a las élites. Las movilizaciones de los estudiantes, así como las que estarían soterradas y dispuestas a aparecer, serían provocadas por esta impronta ciudadana del gobierno, que sería la responsable de una disposición de poco carácter. Esta impronta tampoco privilegiaría a las verdaderamente fuertes y poderosas instituciones de la democracia representativa.
También hay un fuerte componente machista en esa crítica: la élite patriarcal espera que se demuestre el fracaso de un estilo menos autoritario y encabezado por una mujer.
Una lectura más profunda y compleja de las encuestas dadas a conocer en los últimos días, nos confirma la desafección de la población con la política convencional. Porque un hecho del cual las propias encuestas arrojan datos, es la negativa percepción ciudadana de instituciones respetables del sistema político institucional tradicional, como los partidos políticos, el parlamento y la “oposición”.
Esta falta de adhesión ciudadana a la política convencional está señalando que no es el gobierno ciudadano el que no ha funcionado, sino más bien que este modelo no se ha puesto en marcha. Y lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una especie de “demonización” de un estilo o sello ciudadano que en la práctica no existe, ni se ha instalado.
Si bien puede suponerse que el planteamiento de la Presidenta (impulsar un estilo de gobierno ciudadano) es hasta ahora retórica -como señalan algunos analistas-, lo es en la medida en que no se generan transformaciones en la sociedad para acoger el relato de la ciudadanía. Actualmente no existen instrumentos institucionales que hagan efectiva la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del país.
Los proyectos de ley que abordan estos mecanismos no disponen de la densidad suficiente como para ser considerados hitos para la profundización democrática -defensor del pueblo, ley anti discriminación, ley de participación-, y además se encuentran sin urgencia en el parlamento.
Las reformas o el cambio del sistema binominal constituirían otro avance hacia la distribución del poder y ha sido y será un muro difícil de traspasar. Lo mismo la democracia regional, la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato de las autoridades, la vigilancia ciudadana y la cuenta pública. Sin que se concreten estas iniciativas, la reacción del mundo político partidista ha sido la de desprestigiar este “estilo” ciudadano. Incluso se argumenta que existiría una tensión entre la democracia representativa y la democracia participativa, siendo esta última “poco conveniente“.
Se busca equiparar a la democracia participativa con la denuncia en la calle o con el conflicto social. Al plantearse ambos modelos como contrapuestos en lugar de complementarios, se desconoce que la democracia representativa puede ser enriquecida abriendo más canales de participación y de expresión, lo que incidiría directamente en su calidad y profundización.
A pesar de ello, lo que se percibe en la sociedad chilena es un cambio cultural, expresado en la propia elección de la presidenta y en las manifestaciones ciudadanas. El malestar surge del contraste entre las expectativas generadas por este nuevo tiempo y las hasta ahora exiguas concreciones institucionales del cambio.
Gobierno ciudadano implica un pliegue democrático, cambios profundos al régimen constitucional, donde la reforma al sistema binominal y una nueva ley de participación y asociatividad son parte de un abanico más amplio.
Se trata de reconocer que atravesamos un cambio cultural profundo en la sociedad chilena y en un periodo en el cual las expectativas deben adaptarse a los procesos posibles de acuerdo a las fuerzas e intereses existentes en la sociedad.
En la democracia la deliberación se debe expandir más allá de las esferas del poder tradicional, avanzar hacia un modelo en el cual todos y todas se sientan convocados. Ese paso fundamental es el que falta dar y el que durante 16 años ha hecho sentir a los ciudadanos que las decisiones están en manos de unos pocos y específicamente de un grupo que cada vez se reduce más.
La democracia de la modernidad abre la deliberación a todos los actores involucrados y es necesario preguntarse si existe una real voluntad política por iniciar reformas que apunten en esta dirección. Las señales nos indican que existe un cierto temor de los sectores políticos, puesto que esta apertura les restaría poder y validez ante la ciudadanía. A nuestro juicio, este diagnóstico es un error: mientras más interés exista por parte de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, el sistema democrático se enriquecerá y con ello sus instituciones y partidos. La crisis de los partidos políticos se debe precisamente a la desvinculación de éstos con los sectores sociales y con los nuevos movimientos que han emergido desde la sociedad civil. La élite partidaria se alejó y terminó perdiendo legitimidad ante vastos sectores. Los partidos necesitan aprender a convivir con estos movimientos y a compartir espacios de incidencia. No tienen que ser necesariamente contrapuestos. La política se puede hacer desde múltiples espacios, y eso es algo que los partidos aún no internalizan como tampoco se cuestionan la actual distribución del poder. Y la falta de reflexión sobre estos temas es tan peligrosa para la democracia como el desprestigio de una de sus expresiones más valiosas: el protagonismo de la ciudadanía en los temas públicos y en la construcción de un proyecto de país.