Ley de Participación

Intervención Miguel Santibáñez
Presidente Asociación Chilena de ONG ACCIÓN.
Seminario sobre Ley de Asociaciones y Participación.
Palacio Ariztía,
25 de agosto de 2006.


Desde hace años y desde una perspectiva critica pero constructiva un conjunto de Organizaciones Ciudadanas se han articulado para darle seguimiento al Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación, donde destaca una coalición en que hacen parte la Asociación Chilena de ONG (ACCIÓN con más de 70 asociadas), además de MÓVILH, GENERA, OLCA, Libertades Ciudadanas, Corporación de Familiares y amigos de discapacidad de causa síquica, Foro de DD. SS. y RR; MEMCH, ECOSISTEMAS, CHILE SUSTENTABLE, FORO CIUDADANO, y otras organizaciones que se han ido sumando.

En primer lugar, nosotros nos situamos en el debate más sustantivo que va más allá de este proyecto de ley y que refiere a la cuestión de la democracia, a su densidad y su calidad, ligada también con requisitos constitucionales y de régimen electoral básicos ausentes de nuestra legislación (por ejemplo, el régimen electoral).

Por ello no podemos dejar de señalar que lo primero que se advierte en el Proyecto de Ley es una distancia importante entre la agenda de la sociedad civil sobre democracia y participación ciudadana y lo modesto del proyecto de ley que estamos discutiendo.

Este interés nuestro tiene una historia larga, donde reconocemos que nuestro sector es heredero y parte de la lucha por recuperar la democracia, persistiendo por años en una práctica y preocupación por aportar a la profundización de la democracia de nuestro país. En este camino, nos hemos encontrado con que las aspiraciones de mayor democratización y apertura de espacios han sido postergadas permanentemente por la clase política (a la cual la percibimos crecientemente parapetada en los beneficios que les otorga la Constitución de 1980), quedándonos con una democracia que carece de la densidad y del espesor republicano que requiere nuestra sociedad.

Algunas señales novedosas que se han ido construyendo desde el Gobierno de la Presidenta Bachelet para resolver dicha tensión -mediante un acercamiento a sensibilidades ciudadanas- han revitalizado nuestras expectativas respecto a avanzar hacia una democracia más dialogante.

Desafortunadamente, ha habido una reacción de la clase política -a nuestro juicio desproporcionada- frente al discurso más ciudadano y menos tradicional de la Presidenta. Consideramos que se ha planteado tendenciosamente una disyuntiva falaz, cual es democracia representativa versus democracia participativa, toda vez que ambas son complementarias. La democracia representativa y el sistema institucional que la sostiene no se verán sino enriquecidos y fortalecidos con la inclusión de instrumentos más vinculantes y en diálogo con el conjunto de aspiraciones, expectativas y necesidades de la ciudadanía.

Si bien es imprescindible contar con un sistema institucional sólido, corresponde además generar las condiciones (institucionales y operacionales) para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos desde su diversidad. La preocupación por la cosa pública, por la política y por la participación ciudadana no es monopolio del mercado ni del sistema político institucional (ni de los partidos, del Estado, o de las grandes organizaciones empresariales).

En esos términos, y avanzando en una visión general de la participación ciudadana, entendemos que ésta no puede reducirse a las fórmulas de un solo proyecto de ley. Más que “un” proyecto de ley que pretenda inútilmente condensar el principio y la praxis social de la participación ciudadana, lo que requerimos es junto a un proyecto político un bloque normativo e institucional que establezca suficientes canales que aseguren la participación en el contexto de un régimen democrático de calidad. (Ello, implica llevar adelante un paquete diverso de reformas que se discutan y tramiten de manera paralela).

La propuesta de este bloque implicaría voluntad política y una mirada sistémica a la participación en el contexto del ordenamiento legal y del régimen político constitucional. Por ello, a modo ilustrativo, señalamos aspectos que deben estar presentes en una iniciativa en favor de la participación:

A nuestro juicio, la participación ciudadana se relaciona en primer lugar con un ambiente político, social y jurídico de reconocimiento y protección de derechos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Para ello requerimos:
· Que exista una jurisdicción constitucional disponible para los ciudadanos para el reclamo y protección de sus derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales y aquellos de dimensión colectiva, como los relacionados con el medio ambiente, el desarrollo urbanístico, las etnias, los migrantes, las minorías y demás grupos discriminados.
· Que se cree la Defensoría del Pueblo o del ciudadano.
· Que se establezca una garantía institucional de información ciudadana contra el secreto administrativo en la definición de planes y políticas y en la designación de funcionarios públicos.
· Que se establezcan garantías efectivas contra todo tipo de discriminación ilegal o arbitraria que puedan experimentar las personas y los colectivos que integran la comunidad nacional.

A su vez, se requieren mecanismos de fiscalización ciudadana que permitan un control sobre el comportamiento público y funcionario de las autoridades y servidores públicos, en los niveles central, descentralizado y desconcentrado; también de los lobbistas y conglomerados corporativos empresariales, religiosos y de cualquier otro tipo.

Asimismo, es imprescindible disponer de formas de ejercicio de la democracia participativa, para lo cual es necesario reponer y dar urgencia a proyectos de reforma constitucional que establezcan:

i. La iniciativa popular de Ley
ii. La revocatoria del mandato de los cargos de elección popular
iii. El referéndum, el plebiscito y la consulta ciudadana sobre asuntos claves del debate público.

Otro elemento coadyuvante refiere a la urgente democracia territorial y regional, lo cual ha de expresarse en una democratización efectiva de regiones, provincias y municipios, así como en una inclusión creciente de prácticas de presupuestos participativos.

Desde nuestra perspectiva, es fundamental abrir la participación deliberativa de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, haciéndola parte de mecanismos más diversos de financiamiento del desarrollo. Asimismo, es coherente con la participación ciudadana abrir el debate sobre la estructuración del gasto e inversión pública en el presupuesto de la Nación y en los presupuestos regionales y locales, así como en las distintas fases de la ejecución presupuestaria.

Finalmente, para nosotros es un deber expresar que deploramos la ausencia en esta iniciativa de propuestas constitucionales de democracia participativa, esperables en un proyecto de esta naturaleza y ofrecidas en el programa y discurso tanto del gobierno de Lagos como de Bachelet.

En ese sentido, incluir normas e instituciones de democracia participativa en la Constitución Política sería una señal poderosa de la voluntad de cambio constitucional y de mejoramiento de la calidad de la democracia, tareas aun pendientes en Chile.

Podemos concluir, por tanto, que hay una distancia importante entre la agenda de la sociedad civil sobre democracia y participación ciudadana y el proyecto de ley que estamos discutiendo. Y que esperamos se pueda mejorar en los tramites posteriores que esperan a esta ley.
Muchas Gracias.