Ley de Participación

Intervención Miguel Santibáñez
Presidente Asociación Chilena de ONG ACCIÓN.
Seminario sobre Ley de Asociaciones y Participación.
Palacio Ariztía,
25 de agosto de 2006.


Desde hace años y desde una perspectiva critica pero constructiva un conjunto de Organizaciones Ciudadanas se han articulado para darle seguimiento al Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación, donde destaca una coalición en que hacen parte la Asociación Chilena de ONG (ACCIÓN con más de 70 asociadas), además de MÓVILH, GENERA, OLCA, Libertades Ciudadanas, Corporación de Familiares y amigos de discapacidad de causa síquica, Foro de DD. SS. y RR; MEMCH, ECOSISTEMAS, CHILE SUSTENTABLE, FORO CIUDADANO, y otras organizaciones que se han ido sumando.

En primer lugar, nosotros nos situamos en el debate más sustantivo que va más allá de este proyecto de ley y que refiere a la cuestión de la democracia, a su densidad y su calidad, ligada también con requisitos constitucionales y de régimen electoral básicos ausentes de nuestra legislación (por ejemplo, el régimen electoral).

Por ello no podemos dejar de señalar que lo primero que se advierte en el Proyecto de Ley es una distancia importante entre la agenda de la sociedad civil sobre democracia y participación ciudadana y lo modesto del proyecto de ley que estamos discutiendo.

Este interés nuestro tiene una historia larga, donde reconocemos que nuestro sector es heredero y parte de la lucha por recuperar la democracia, persistiendo por años en una práctica y preocupación por aportar a la profundización de la democracia de nuestro país. En este camino, nos hemos encontrado con que las aspiraciones de mayor democratización y apertura de espacios han sido postergadas permanentemente por la clase política (a la cual la percibimos crecientemente parapetada en los beneficios que les otorga la Constitución de 1980), quedándonos con una democracia que carece de la densidad y del espesor republicano que requiere nuestra sociedad.

Algunas señales novedosas que se han ido construyendo desde el Gobierno de la Presidenta Bachelet para resolver dicha tensión -mediante un acercamiento a sensibilidades ciudadanas- han revitalizado nuestras expectativas respecto a avanzar hacia una democracia más dialogante.

Desafortunadamente, ha habido una reacción de la clase política -a nuestro juicio desproporcionada- frente al discurso más ciudadano y menos tradicional de la Presidenta. Consideramos que se ha planteado tendenciosamente una disyuntiva falaz, cual es democracia representativa versus democracia participativa, toda vez que ambas son complementarias. La democracia representativa y el sistema institucional que la sostiene no se verán sino enriquecidos y fortalecidos con la inclusión de instrumentos más vinculantes y en diálogo con el conjunto de aspiraciones, expectativas y necesidades de la ciudadanía.

Si bien es imprescindible contar con un sistema institucional sólido, corresponde además generar las condiciones (institucionales y operacionales) para que la ciudadanía participe en los asuntos públicos desde su diversidad. La preocupación por la cosa pública, por la política y por la participación ciudadana no es monopolio del mercado ni del sistema político institucional (ni de los partidos, del Estado, o de las grandes organizaciones empresariales).

En esos términos, y avanzando en una visión general de la participación ciudadana, entendemos que ésta no puede reducirse a las fórmulas de un solo proyecto de ley. Más que “un” proyecto de ley que pretenda inútilmente condensar el principio y la praxis social de la participación ciudadana, lo que requerimos es junto a un proyecto político un bloque normativo e institucional que establezca suficientes canales que aseguren la participación en el contexto de un régimen democrático de calidad. (Ello, implica llevar adelante un paquete diverso de reformas que se discutan y tramiten de manera paralela).

La propuesta de este bloque implicaría voluntad política y una mirada sistémica a la participación en el contexto del ordenamiento legal y del régimen político constitucional. Por ello, a modo ilustrativo, señalamos aspectos que deben estar presentes en una iniciativa en favor de la participación:

A nuestro juicio, la participación ciudadana se relaciona en primer lugar con un ambiente político, social y jurídico de reconocimiento y protección de derechos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

Para ello requerimos:
· Que exista una jurisdicción constitucional disponible para los ciudadanos para el reclamo y protección de sus derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales y aquellos de dimensión colectiva, como los relacionados con el medio ambiente, el desarrollo urbanístico, las etnias, los migrantes, las minorías y demás grupos discriminados.
· Que se cree la Defensoría del Pueblo o del ciudadano.
· Que se establezca una garantía institucional de información ciudadana contra el secreto administrativo en la definición de planes y políticas y en la designación de funcionarios públicos.
· Que se establezcan garantías efectivas contra todo tipo de discriminación ilegal o arbitraria que puedan experimentar las personas y los colectivos que integran la comunidad nacional.

A su vez, se requieren mecanismos de fiscalización ciudadana que permitan un control sobre el comportamiento público y funcionario de las autoridades y servidores públicos, en los niveles central, descentralizado y desconcentrado; también de los lobbistas y conglomerados corporativos empresariales, religiosos y de cualquier otro tipo.

Asimismo, es imprescindible disponer de formas de ejercicio de la democracia participativa, para lo cual es necesario reponer y dar urgencia a proyectos de reforma constitucional que establezcan:

i. La iniciativa popular de Ley
ii. La revocatoria del mandato de los cargos de elección popular
iii. El referéndum, el plebiscito y la consulta ciudadana sobre asuntos claves del debate público.

Otro elemento coadyuvante refiere a la urgente democracia territorial y regional, lo cual ha de expresarse en una democratización efectiva de regiones, provincias y municipios, así como en una inclusión creciente de prácticas de presupuestos participativos.

Desde nuestra perspectiva, es fundamental abrir la participación deliberativa de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, haciéndola parte de mecanismos más diversos de financiamiento del desarrollo. Asimismo, es coherente con la participación ciudadana abrir el debate sobre la estructuración del gasto e inversión pública en el presupuesto de la Nación y en los presupuestos regionales y locales, así como en las distintas fases de la ejecución presupuestaria.

Finalmente, para nosotros es un deber expresar que deploramos la ausencia en esta iniciativa de propuestas constitucionales de democracia participativa, esperables en un proyecto de esta naturaleza y ofrecidas en el programa y discurso tanto del gobierno de Lagos como de Bachelet.

En ese sentido, incluir normas e instituciones de democracia participativa en la Constitución Política sería una señal poderosa de la voluntad de cambio constitucional y de mejoramiento de la calidad de la democracia, tareas aun pendientes en Chile.

Podemos concluir, por tanto, que hay una distancia importante entre la agenda de la sociedad civil sobre democracia y participación ciudadana y el proyecto de ley que estamos discutiendo. Y que esperamos se pueda mejorar en los tramites posteriores que esperan a esta ley.
Muchas Gracias.

¿ciudadanos versus partidos?

En las últimas semanas ha sido posible advertir en el discurso de los partidos políticos, parlamentarios y analistas una evidente crítica al llamado “modelo ciudadano” que habría marcado los primeros meses de gobierno. Este modelo, advierten, sería una de las causas de la baja en la popularidad de la actual administración de Bachelet y de la crisis que se evidencia con el cambio sus ministros.
Incluso Roberto Méndez (Adimark) señaló que la teoría del modelo ciudadano ha afectado el respaldo a los partidos y a los parlamentarios, aún cuando ésta no haya funcionado. En medio de este debate la propia presidenta señaló que la frase “gobierno ciudadano” no era suya.
El Instituto Libertad argumentó que la presidenta se habría cazado en su propia trampa discursiva, en la medida que la “ciudadanía” habría ido adquiriendo un protagonismo no deseado por ella ni por los partidos de la Concertación. Es por ello que éstos últimos habrían comenzado a criticar abiertamente el “gobierno ciudadano”.
Se trata de una lectura que efectúan los partidos y las élites tradicionales y que contiene una crítica políticamente transversal, aun cuando el único cambio objetivo que instaló el gobierno de la Presidenta Bachelet, fue el de establecer una inicial y sutil distancia con los políticos tradicionales. Pero pareciera que ahora éstos han puesto un límite concreto, a partir de una defensa corporativa de la clase política.
El protagonismo ciudadano incomodaría a las élites. Las movilizaciones de los estudiantes, así como las que estarían soterradas y dispuestas a aparecer, serían provocadas por esta impronta ciudadana del gobierno, que sería la responsable de una disposición de poco carácter. Esta impronta tampoco privilegiaría a las verdaderamente fuertes y poderosas instituciones de la democracia representativa.
También hay un fuerte componente machista en esa crítica: la élite patriarcal espera que se demuestre el fracaso de un estilo menos autoritario y encabezado por una mujer.
Una lectura más profunda y compleja de las encuestas dadas a conocer en los últimos días, nos confirma la desafección de la población con la política convencional. Porque un hecho del cual las propias encuestas arrojan datos, es la negativa percepción ciudadana de instituciones respetables del sistema político institucional tradicional, como los partidos políticos, el parlamento y la “oposición”.
Esta falta de adhesión ciudadana a la política convencional está señalando que no es el gobierno ciudadano el que no ha funcionado, sino más bien que este modelo no se ha puesto en marcha. Y lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una especie de “demonización” de un estilo o sello ciudadano que en la práctica no existe, ni se ha instalado.
Si bien puede suponerse que el planteamiento de la Presidenta (impulsar un estilo de gobierno ciudadano) es hasta ahora retórica -como señalan algunos analistas-, lo es en la medida en que no se generan transformaciones en la sociedad para acoger el relato de la ciudadanía. Actualmente no existen instrumentos institucionales que hagan efectiva la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del país.
Los proyectos de ley que abordan estos mecanismos no disponen de la densidad suficiente como para ser considerados hitos para la profundización democrática -defensor del pueblo, ley anti discriminación, ley de participación-, y además se encuentran sin urgencia en el parlamento.
Las reformas o el cambio del sistema binominal constituirían otro avance hacia la distribución del poder y ha sido y será un muro difícil de traspasar. Lo mismo la democracia regional, la iniciativa popular de ley, la revocatoria de mandato de las autoridades, la vigilancia ciudadana y la cuenta pública. Sin que se concreten estas iniciativas, la reacción del mundo político partidista ha sido la de desprestigiar este “estilo” ciudadano. Incluso se argumenta que existiría una tensión entre la democracia representativa y la democracia participativa, siendo esta última “poco conveniente“.
Se busca equiparar a la democracia participativa con la denuncia en la calle o con el conflicto social. Al plantearse ambos modelos como contrapuestos en lugar de complementarios, se desconoce que la democracia representativa puede ser enriquecida abriendo más canales de participación y de expresión, lo que incidiría directamente en su calidad y profundización.
A pesar de ello, lo que se percibe en la sociedad chilena es un cambio cultural, expresado en la propia elección de la presidenta y en las manifestaciones ciudadanas. El malestar surge del contraste entre las expectativas generadas por este nuevo tiempo y las hasta ahora exiguas concreciones institucionales del cambio.
Gobierno ciudadano implica un pliegue democrático, cambios profundos al régimen constitucional, donde la reforma al sistema binominal y una nueva ley de participación y asociatividad son parte de un abanico más amplio.
Se trata de reconocer que atravesamos un cambio cultural profundo en la sociedad chilena y en un periodo en el cual las expectativas deben adaptarse a los procesos posibles de acuerdo a las fuerzas e intereses existentes en la sociedad.
En la democracia la deliberación se debe expandir más allá de las esferas del poder tradicional, avanzar hacia un modelo en el cual todos y todas se sientan convocados. Ese paso fundamental es el que falta dar y el que durante 16 años ha hecho sentir a los ciudadanos que las decisiones están en manos de unos pocos y específicamente de un grupo que cada vez se reduce más.
La democracia de la modernidad abre la deliberación a todos los actores involucrados y es necesario preguntarse si existe una real voluntad política por iniciar reformas que apunten en esta dirección. Las señales nos indican que existe un cierto temor de los sectores políticos, puesto que esta apertura les restaría poder y validez ante la ciudadanía. A nuestro juicio, este diagnóstico es un error: mientras más interés exista por parte de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, el sistema democrático se enriquecerá y con ello sus instituciones y partidos. La crisis de los partidos políticos se debe precisamente a la desvinculación de éstos con los sectores sociales y con los nuevos movimientos que han emergido desde la sociedad civil. La élite partidaria se alejó y terminó perdiendo legitimidad ante vastos sectores. Los partidos necesitan aprender a convivir con estos movimientos y a compartir espacios de incidencia. No tienen que ser necesariamente contrapuestos. La política se puede hacer desde múltiples espacios, y eso es algo que los partidos aún no internalizan como tampoco se cuestionan la actual distribución del poder. Y la falta de reflexión sobre estos temas es tan peligrosa para la democracia como el desprestigio de una de sus expresiones más valiosas: el protagonismo de la ciudadanía en los temas públicos y en la construcción de un proyecto de país.