Perú: ciudadanos dicen no al proyecto de regionalización.

Abrumador "No" a la Regionalización en el Perú

ENTREVISTA A JAVIER AZPUR • Experto en descentralización opina que con la victoria del “No” las carencias materiales de los gobiernos regionales se harán evidentes.
• Dice que el gobierno puso resistencia al proceso de integración.
• Pide reestructurar el CND.

Por Emilio Camacho.
Foto: Arturo Pérez.

–¿A qué se debe este resultado contrario al proceso de integración regional?

–La población ha optado por la resistencia al cambio. La prédica, basada en la confrontación de departamentos, logró generar recelo en la ciudadanía. Lo que debemos preguntarnos ahora es si este resultado significa un “No” a la integración, o significa una integración “Así no”.

–¿Y usted qué piensa?

– Yo creo que ha primado la segunda opción. Así como estaba planteado, con la indefinición del Ejecutivo y el Congreso, es claro que se prefirió rechazar un proceso confuso.

–¿Quiere decir que algunos hechos, como el que se vio en el Congreso, desalentaron a la población de votar por el “Sí”?

–Contribuyeron al temor que se tenía de este proceso, que no se veía como algo muy claro. En el Congreso hay un nivel de responsabilidad por este resultado, pero también en el Ejecutivo. No olvide que el MEF hizo una discutible interpretación de los incentivos que debían entregarse a las regiones.

–Además destinó mayores recursos para la difusión de los supuestos logros del gobierno, y olvidó el referéndum.

–Así es. Cuando se aprobó la Ley de Bases de la Descentralización, se definió una ruta para el proceso. Pero poco después se incumplió lo acordado, e incluso se tuvo que postergar el referéndum programado para el 2004.

DURO DIAGNÓSTICO

–¿Y con este resultado cómo quedan los presidentes regionales, principales impulsores de este proceso?

–Está claro que ahora se van acentuar las limitaciones departamentales. Para empezar, no van conseguir las atribuciones que les permitirán desarrollar proyectos de desarrollo. No les van entregar recursos para la inversión, y se va sentir la ausencia de una real descentrali-zación fiscal.

–Hasta es probable que pierdan algunos recursos con los que ya contaban en sus presupuestos, como la retención de un porcentaje del IGV.

–El decreto que se aprobó en esa materia es muy claro. Lo que señala es que se transferirá un punto del IGV (más de 840 millones de soles) a las regiones que se constituyeran. Al no constituirse, está claro que no se lo van a transferir. Lo cierto es que los gobiernos de base regional tienen escasa capacidad de negociación frente al gobierno central.

–¿Qué hacer para resarcir en parte el atraso que puede traer la no formación de regiones?

–Hay que abrir una discusión para formar juntas de coordinación regionales que permitan establecer mecanismos de trabajo conjunto entre los gobiernos departamentales. A estas juntas se podrían transferir los recursos que estaban previstos para las regiones, para ideas en común.



“El 2007 se debe convocar una nueva consulta”
–¿Debe cambiar el trabajo del Consejo Nacional de Descentralización para garantizar una promoción más efectiva de la integración?

–Pensar que este resultado es sólo responsabilidad del CND es errado. Esto es una política de Estado, eso por tanto llega al gabinete y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, está claro que desde el propio gobierno hay elementos de resistencia frente al proceso de descentralización. Sin embargo, también creo que el CND debe ser fortalecido.

–¿En qué debe cambiar el CND?

–Yo creo que las decisiones del CND deben adoptarse a partir de la fecha con presencia de los gobiernos regionales, municipales y la población provinciana. Esta es la mejor manera de vencer la resistencia a transferir recursos.

–¿Debe reducirse el plazo para convocar un nuevo referéndum?

–Sí. Creo que se debería adelantar el proceso. No podemos esperar hasta el 2009 para discutir de nuevo el proceso de integración. Con una propuesta trabajada de manera seria, el 2007 sería un buen momento para convocar una nueva consulta.

Diario La Republica, Perú.

Salamanca

MANIFIESTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Cumbre Iberoamericana, Salamanca octubre 2005.

Las organizaciones y redes reunidas en el I Foro Cívico Iberoamericano valoramos
positivamente la creación de este espacio de participación social y apostamos por su
consolidación y mejora. Queremos enmarcar nuestra aportación en dos líneas esenciales.

1. Propuestas para una agenda social Iberoamericana

2. Creación de un mecanismo permanente e inclusivo de participación social.

PROPUESTAS PARA UNA AGENDA SOCIAL IBEROAMERICANA

A. Los objetivos de Desarrollo del Milenio: Políticas de crecimiento, equidad y
empleo. Cooperación Internacional en países de renta media. Deuda Externa
y desarrollo.

A1. Para los Jefes de Estado y de Gobierno

1) Que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) se eleve hasta alcanzar el 0,7% del PIB de
los países desarrollados y se canalice especialmente hacia los países más pobres
de la región, asegurando asimismo su orientación hacia las grandes bolsas de
pobreza y exclusión social en los países de desarrollo medio.

2) Que se adopten estrategias específicas nacionales y regionales de lucha contra la
pobreza y la exclusión social, con especial incidencia en la educación como
prioridad. Dichas estrategias serán a su vez participativas y evaluables, mediante
sistemas periódicos de medición de logros y rendición de cuentas, que deberán
contar con la participación de la sociedad civil, estando orientadas a conseguir y
reforzar los Objetivos del Milenio y la aplicación de los diferentes programas de
acción asumidos en las distintas Cumbres internacionales de desarrollo.

3) Que ante el dramático impacto de las catástrofes naturales recurrentes y
constantes en la región iberoamericana que hacen aún mas evidente la extrema
vulnerabilidad ecológica, económica y social del actual modelo de desarrollo y su
impacto entre las poblaciones y comunidades más pobres, se rescaten los
compromisos, todavía pendientes, de la declaración de Estocolmo para la
reconstrucción de Centroamérica, adoptados con motivo del Huracán Mitch, y se
promueva una red y estrategia regional de cooperación que afronte las políticas de
regeneración medioambiental y prevención de desastres correspondientes.

4) Que el enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres se implemente en
la participación política y en todas las políticas públicas, facilitando su pleno acceso
a los procesos de toma de decisiones en éstas, y muy especialmente en el derecho
a la educación y a la salud y la lucha contra la violencia de género en todas sus
manifestaciones.

5) Que se impulsen programas y medidas de acción positiva dirigidas a personas con
necesidades especiales, dada la probada correlación de dichas condiciones con la
pobreza.

6) Que se dote de financiación específica y transparente a las estrategias de lucha
contra la pobreza, re-direccionando el gasto social público social hacia las políticas
de protección e integración social e incorporando nuevos mecanismos de
financiación complementarios que garanticen los fondos necesarios para su
aplicación efectiva.

7) Que las iniciativas de condonación y conversión del total de la deuda fortalezcan y
complementen las estrategias nacionales de desarrollo, sin otras condicionalidades
de carácter macroeconómico o comercial y que cuenten con auditorias previas a su
tratamiento. Se debe reconocer la necesidad de encontrar soluciones integrales al
problema de la deuda pública en la región iberoamericana, ampliando los países
actualmente incluidos en las iniciativas de condonación y abordando la
problemática generada con el pago de la deuda interna. Los procesos de canje de
deuda por educación u otros sectores básicos son un elemento más en el marco
de una política más amplia, y deben respetar en todo momento cinco criterios
básicos: participación, transparencia, adicionalidad, asociación y coherencia.

8) Que, junto a las políticas nacionales a favor de las poblaciones y colectivos más
pobres, se pongan en práctica políticas de reforma estatal para ampliar la
cobertura de las prestaciones y los servicios sociales, así como el impulso de un
pacto fiscal y tributario justo y eficaz, de redistribución del ingreso y de lucha contra
la corrupción, los paraísos y la evasión fiscal, incluyendo el control de los flujos de
capital, encaminado a garantizar la cohesión y la equidad social.

9) Que, en atención a la gran dimensión de la emigración latinoamericana y caribeña
hacia España y Portugal y a la importancia de la migración interamericana, se
refuerce su consideración como factor potencial de desarrollo insertado en marcos
regulatorios internacionalmente adecuados y concertados, especialmente en lo
referente a la Convención Internacional sobre derechos de los trabajadores y
trabajadoras migrantes y sus familias. En muchos países, el importe de las
remesas suma más que el total de la inversión extranjera y la ayuda internacional
y se deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la
intermediación financiera con las remesas de los migrantes.

10) Que se establezcan sistemas de preservación de los recursos naturales, que
garanticen el usufructo nacional de estos recursos, comprendidos como bienes
públicos globales.

A2. Para el Sistema Iberoamericano

11) Que la agenda social iberoamericana y su respectivo plan de acción, seguimiento y
financiación sea concertada con los actores sociales y económicos y demás
actores de la sociedad civil, y alineada asimismo con las agendas acordadas en
otros espacios internacionales, incluyendo mecanismos para identificar los
incrementos de la cooperación por país y para la región iberoamericana. Los
programas concretos dirigidos hacia las poblaciones y zonas más vulnerables,
deben ser identificados previamente por su situación de mayor desigualdad,
incluyendo el respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes, las personas con necesidades especiales, con enfoque de
género y de sostenibilidad medioambiental.

12) Que los objetivos, sectores, zonas y poblaciones, a los que se orienten las
estrategias nacionales de lucha contra la pobreza, sean públicos e identificados
participativamente y sus efectos y avances puedan ser monitoreados y revisados
periódicamente por el conjunto de la sociedad, al objeto de la valoración su
cumplimiento, en las sucesivas Cumbres Iberoamericanas y respecto del
cumplimiento de los ODM y resto de compromisos adoptados en las Cumbres
Internacionales

13) Que respecto de las políticas tratamiento de la deuda (auditoria, condonación o
canje, tanto de los países deudores como acreedores), se remita un informe
específico de aquellas que hayan sido iniciadas o ejecutadas en el período entre
Cumbres, especificando el procedimiento que haya sido aplicado, su destino e
impacto, para su análisis y evaluación en las sucesivas Cumbres Iberoamericanas.

14) Que se establezcan sistemas de armonización de sistemas tributarios y aduaneros
que eviten fugas de capitales y controlen su flujo, permitan realización de estudios
comparativos y realicen seguimiento de los pactos fiscales y tributarios a nivel
nacional.

B. Sector productivo y economía social

B1. Para los Jefes de Estado y de Gobierno

15) La integración regional deberá promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y
la comunicación entre los pueblos, fomentando el acceso al conocimiento y la
transferencia de tecnología, especialmente en aquellas áreas que afectan a la vida,
la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas,
indígenas, y afrodescendientes, incluyendo la gestión y el acceso a la tierra.

16) Los procesos de negociación comercial en marcha (ya sea en el marco
internacional, regional o binacional) deberán tener en cuenta las asimetrías
regionales, así como respetar en todo momento el espacio político necesario para
que cada país defina su política de desarrollo, reconociendo la necesidad de
reducir los subsidios agrícolas y permitiendo la protección de los empleos de la
industria y los servicios esenciales.

17) Que se concierten políticas de estado para garantizar que el desarrollo económico
se traduce en unas mejores condiciones para todos, impulsando desde las políticas
públicas el desarrollo de la responsabilidad social de la empresa y muy
especialmente la creación de empleo.

18) Que se establezcan políticas públicas que garanticen el mejor acceso al mercado
de trabajo de las mujeres, estableciendo medidas que promuevan la igualdad de
oportunidades y de trato.

19) Que se concierten políticas de Estado para eliminar la explotación infantil, con
medidas de carácter integral que garanticen el acceso de las niñas y niños al
sistema escolar público y gratuito de calidad.

20) Que las políticas de empleo se fundamenten en el respeto a los derechos
humanos, con especial atención a los convenios fundamentales de libertad sindical
de la OIT y que contemplen la inclusión laboral de personas con necesidades
especiales.

21) Que se reconozca en las políticas públicas la importancia de las cooperativas y
organizaciones de economía social en el desarrollo integral de los países, en la
generación de empleo y cohesión social, y en la lucha contra la pobreza.

B2. Para el Sistema Iberoamericano

22) Que la Secretaría General Iberoamericana genere mecanismos para promover y
fortalecer la Responsabilidad Social de las empresas, en el que participen activa y
formalmente las empresas, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil,
articulando para ello un espacio estructurado de análisis y actuación que integre
los ODM y el desarrollo humano sostenible, y que potencie la creación de fondos
para la lucha contra la desigualdad y sostenibilidad ambiental en la región.

23) Que la SEGIB promueva el intercambio de experiencias entre empresas y
organizaciones de economía social así como el impulso de programas de
cooperación , para potenciar un desarrollo regional equilibrado y rural integrado.

24) Que se promuevan los acuerdos necesarios que garanticen a los migrantes el goce
pleno de sus derechos, incluidos los laborales, profesionales y de protección
social, apoyando la participación social de estos colectivos a través de sus
organizaciones, con el fin de facilitar su integración en las sociedades de acogida
al tiempo que se fortalece e tejido social y se combate cualquier manifestación de
racismo.

C. Diálogo social y participación ciudadana

C1. Para los Jefes de Estado y de Gobierno

25) Que, frente a las actuales políticas unilaterales de carácter hemisférico, se
materialice una apuesta decidida por el multilateralismo, la democratización del
sistema internacional y la reforma de las instituciones multilaterales.

26) Que, superando la política hemisférica de seguridad nacional, la lucha contra la
impunidad y la corrupción, la defensa de los derechos humanos universales e
indivisibles y la profundización democrática, sean un objetivo compartido entre los
países y que en el diseño de las políticas públicas para el desarrollo de la
democracia, la gobernabilidad y las reformas del Estado se establezcan
mecanismos y procedimientos institucionalizados para incorporar las distintas
expresiones de la sociedad civil.

27) Que se diseñen mecanismos que permitan registrar avances cualitativos en
democracia participativa, justicia social, gobernabilidad democrática y ejercicio de
la ciudadanía

28) Que se impulse el diálogo social y la negociación colectiva como instrumentos
imprescindibles para regular las condiciones de trabajo y promover la protección
social de los trabajadores y trabajadoras.

29) Que se apoye la financiación de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con el fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento
de sus decisiones y sentencias.

30) Que se promueva el apoyo y creación de organizaciones, en especial de jóvenes y
mujeres, trabajando en el fortalecimiento del tejido asociativo desde la base social
y el reconocimiento gubernamental de los espacios de participación ciudadana,
desde la independencia y la autonomía, como interlocutores válidos en el diseño,
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

31) Que se apoye la Carta Social de las Américas, articulándola con el sistema
interamericano de Derechos Humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

32) Que se establezca un sistema de información transparente que permita
mecanismos de seguimiento ciudadano de las cuentas públicas.

CREACIÓN DE UN MECANISMO PERMANENTE E INCLUSIVO DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL.

La Comunidad Iberoamericana de Naciones debe ser un espacio privilegiado para la
promoción de una ciudadanía incluyente y participativa. En ese sentido, la participación
de organizaciones de la sociedad civil constituye, no sólo un principio democrático, sino
una necesidad práctica para mejorar las posibilidades de éxito de las estrategias de
lucha contra la pobreza. Por ello, en continuidad con el presente Primer Foro Cívico,
proponemos la creación de un mecanismo para concretar esta participación tanto en
las propias Cumbres Iberoamericanas como a través de un espacio permanente de
relación con la SEGIB, así como en cualquier otro espacio de concertación y/o
definición de políticas que se pudiera establecer en el futuro.

Por lo tanto, proponemos que se cree un mecanismo para concertar el seguimiento de
los avances y dificultades a afrontar, para abordar los trabajos y conclusiones de las
cumbres con participación activa de los actores económicos y sociales, así como las
organizaciones de la sociedad civil, mediante un espacio permanente y
sistemáticamente formalizado con la SEGIB. Este mecanismo debe incluir
especialmente el trabajo y la participación de las redes de organizaciones de mujeres.

Dicho espacio permanente deberá abarcar los siguientes aspectos:

- El intercambio de información sobre agendas, propuestas de resolución y
actividades de las Cumbres Iberoamericanas.

- La formulación de propuestas para ser elevadas a los responsables políticos de la
comunidad iberoamericana en relación con las cuestiones económicas, sociales y
de modelo de desarrollo sostenible de los pueblos iberoamericanos

- El establecimiento de mecanismos concretos para la articulación social en los
países iberoamericanos y de participación de los distintos agentes sociales en las
estrategias de reducción de la pobreza y contra la exclusión social, así como en las
políticas públicas de alcance económico y social.

- El seguimiento de las políticas de promoción de trabajo digno y empleo decente y
de extensión de la aplicación de los principios y derechos fundamentales del
Trabajo (OIT, 1998)

- El seguimiento de las políticas de estrategia de reducción de la pobreza, su
financiación y de los avances y compromisos adoptados para el cumplimiento de
los ODM.

- El apoyo a los proyectos de cooperación que desarrollen los agentes económicos y
sociales y organizaciones de la sociedad civil y de desarrollo, fortaleciendo la
implicación de sus organizaciones locales de base y del movimiento de mujeres
para el impulso de este proceso.


Salamanca, 13 de octubre 2005